Columna jurídica: Alquileres en Argentina

Desde la derogación de la Ley de Alquileres a través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023, el mercado locativo argentino atraviesa una nueva etapa marcada por una mayor libertad contractual entre propietarios e inquilinos. La normativa que regulaba aspectos como la duración de los contratos y el mecanismo de actualización de los alquileres dejó de estar vigente, por lo que actualmente las locaciones se rigen por las disposiciones del Código Civil y Comercial modificadas por el DNU.

En la práctica, esto significa que las partes tienen mayor autonomía para definir las condiciones del contrato. Entre los principales cambios se encuentra la posibilidad de acordar libremente el plazo de duración de la locación, el índice y la periodicidad de los aumentos, así como la moneda en la que se abonará el alquiler, siempre que exista conformidad entre ambas partes.

A diferencia del régimen anterior, ya no existe una obligación legal de celebrar contratos por tres años ni de aplicar un único índice de actualización. De esta manera, es habitual encontrar contratos con incrementos mensuales, trimestrales o cuatrimestrales, utilizando indicadores como el Índice de Precios al Consumidor (IPC), el Índice de Contratos de Locación (ICL) u otros mecanismos acordados entre propietario e inquilino.

No obstante, especialistas en derecho remarcan que la libertad contractual no implica la ausencia de reglas. Continúan vigentes los principios generales del Código Civil y Comercial, como la buena fe en las contrataciones, el respeto por lo pactado y la prohibición de cláusulas abusivas. Además, los contratos firmados bajo la antigua Ley de Alquileres mantienen las condiciones con las que fueron celebrados hasta su vencimiento, sin verse afectados por las modificaciones posteriores.

En este contexto, los abogados recomiendan a propietarios e inquilinos prestar especial atención al momento de la firma del contrato. Aspectos como la frecuencia de los aumentos, el índice de actualización, la moneda de pago, las garantías y las condiciones para una eventual rescisión deben quedar claramente establecidos para evitar futuros conflictos.