Betiana Heredia acompañó una nueva movilización frente a los Tribunales de San Francisco. Reclamó la máxima condena para los tres acusados, pidió apoyo social y anticipó que podría realizarse otra marcha.
El pedido de justicia por Aralí Vivas volvió a escucharse frente a los Tribunales de San Francisco, donde se desarrolla el juicio por el crimen de la niña de 8 años asesinada en Brinkmann en noviembre de 2024. Familiares y vecinos se acercaron para acompañar el proceso y mantener visible un caso que conmocionó a toda la región.
Durante la cobertura, Betiana Heredia resumió el reclamo de la familia con una frase contundente: “Tienen que estar todos presos”. También remarcó que necesitan que la comunidad se acerque, acompañe las movilizaciones y ayude a difundir el caso. Según adelantó, próximamente podría convocarse una nueva marcha.
La causa y los acusados
Aralí fue encontrada sin vida después de un incendio ocurrido en la vivienda familiar. Las pericias permitieron establecer que el fuego habría sido iniciado cuando la niña ya había muerto y que presentaba lesiones compatibles con abuso sexual y un grave traumatismo. La investigación sostuvo que el incendio habría buscado ocultar lo ocurrido.
En el banquillo están Rocío Milagros Rauch, madre de Aralí; Matías Ezequiel Simeone, pareja de la mujer; y Cristian Hernán Varela, allegado a ambos. Los tres enfrentan acusaciones vinculadas con el abuso sexual agravado y el homicidio de la niña. Por la gravedad de las figuras atribuidas, podrían recibir penas de prisión perpetua.
La última audiencia antes de la sentencia
Al 30 de septiembre, el debate continúa en la Cámara Criminal y Correccional de San Francisco, con participación de jurados populares y audiencias a puertas cerradas. La jornada de este miércoles fue anunciada como la última audiencia prevista antes de la sentencia. Hasta el cierre de este texto no se había informado un veredicto.
Heredia, prima de la madre de Aralí y actual cuidadora de dos de sus hermanos, ya declaró durante el juicio. Además del pedido de condena, cuestionó el accionar previo de los organismos que habían intervenido ante situaciones de vulnerabilidad y reclamó que el caso sirva para revisar los mecanismos de protección de niños y niñas.
La familia insiste en que la participación social es una forma de sostener el reclamo. Por eso, además de esperar la resolución judicial, convoca a seguir hablando de Aralí, acompañar las marchas y evitar que su historia quede en el olvido.