Columna de Asuntos Jurídicos: Condena millonaria por un viaje cancelado en pandemia
En una nueva Columna de Asuntos Jurídicos, la abogada María José Pecchio (MP 5-792) abordó un tema basado en un caso reciente: condena a la agencia de viajes Despegar y a Aerolíneas Argentinas a pagar una suma cercana a los 30 millones de pesos a una mujer que inició una demanda tras la cancelación de un viaje en el inicio de la pandemia de COVID-19.
Martes 05 de mayo 2026 | 14:04 Hs.
La Cámara en lo Civil y Comercial de Bahía Blanca ratificó un fallo de primera instancia que condena a la agencia de viajes Despegar y a Aerolíneas Argentinas a pagar una suma cercana a los 30 millones de pesos a una mujer que inició una demanda tras la cancelación de un viaje en el inicio de la pandemia de COVID-19.
El caso se originó en marzo de 2020, cuando la damnificada —una abogada bahiense identificada como P.F.C.— no pudo concretar un viaje a Ushuaia que había adquirido en diciembre de 2019. A partir de allí, comenzó una serie de reclamos para reprogramar o recuperar el dinero, pero las respuestas fueron consideradas insuficientes y evasivas. Incluso, con la eliminación de la ruta aérea Bahía Blanca–Ushuaia ese mismo año, la única alternativa viable era el reembolso, que nunca se concretó.
En su resolución, la Sala II del tribunal confirmó la responsabilidad de ambas empresas por incumplimiento contractual, pero puso especial énfasis en la aplicación del “daño punitivo”. Esta figura busca sancionar conductas abusivas y desalentar prácticas similares en el mercado, especialmente en relaciones de consumo donde existe una marcada asimetría entre las partes.
Durante el proceso, las empresas intentaron trasladar la causa al ámbito de la Justicia Federal, bajo el argumento de que se trataba de transporte aéreo. Sin embargo, los jueces Jorge Federico Mercado y Leopoldo L. Peralta Mariscal rechazaron esta postura, al considerar que el eje del conflicto radicaba en la vulneración de derechos del consumidor, particularmente en la falta de información adecuada y el trato inapropiado hacia la clienta.
El fallo también remarcó que las compañías no informaron correctamente sobre las opciones disponibles en el marco de la Ley 27.563, que reguló las reprogramaciones y devoluciones durante la emergencia sanitaria. Según se desprende de la sentencia, existió una “ocultación de alternativas” y, una vez vencidos los plazos para utilizar vouchers o reprogramar el viaje, correspondía la devolución automática del dinero.
Los camaristas señalaron que esta conducta evidenció una falta de buena fe por parte de las demandadas, lo que justificó la aplicación de la sanción económica. Además, se tuvo en cuenta que las empresas ya han recuperado su situación financiera tras la crisis, por lo que no existían impedimentos para haber cumplido con sus obligaciones.
El caso no es aislado. De acuerdo a datos de la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) de Bahía Blanca, entre 2020 y 2021 se registraron al menos 155 denuncias contra Despegar por situaciones similares. Sin embargo, la mayoría de los afectados no avanzó en instancias judiciales.
Este fallo sienta un precedente relevante en materia de defensa del consumidor y reabre expectativas para quienes, en el contexto de la pandemia, no obtuvieron respuestas por parte de las empresas turísticas y dieron por perdidos sus ahorros.
El caso se originó en marzo de 2020, cuando la damnificada —una abogada bahiense identificada como P.F.C.— no pudo concretar un viaje a Ushuaia que había adquirido en diciembre de 2019. A partir de allí, comenzó una serie de reclamos para reprogramar o recuperar el dinero, pero las respuestas fueron consideradas insuficientes y evasivas. Incluso, con la eliminación de la ruta aérea Bahía Blanca–Ushuaia ese mismo año, la única alternativa viable era el reembolso, que nunca se concretó.
En su resolución, la Sala II del tribunal confirmó la responsabilidad de ambas empresas por incumplimiento contractual, pero puso especial énfasis en la aplicación del “daño punitivo”. Esta figura busca sancionar conductas abusivas y desalentar prácticas similares en el mercado, especialmente en relaciones de consumo donde existe una marcada asimetría entre las partes.
Durante el proceso, las empresas intentaron trasladar la causa al ámbito de la Justicia Federal, bajo el argumento de que se trataba de transporte aéreo. Sin embargo, los jueces Jorge Federico Mercado y Leopoldo L. Peralta Mariscal rechazaron esta postura, al considerar que el eje del conflicto radicaba en la vulneración de derechos del consumidor, particularmente en la falta de información adecuada y el trato inapropiado hacia la clienta.
El fallo también remarcó que las compañías no informaron correctamente sobre las opciones disponibles en el marco de la Ley 27.563, que reguló las reprogramaciones y devoluciones durante la emergencia sanitaria. Según se desprende de la sentencia, existió una “ocultación de alternativas” y, una vez vencidos los plazos para utilizar vouchers o reprogramar el viaje, correspondía la devolución automática del dinero.
Los camaristas señalaron que esta conducta evidenció una falta de buena fe por parte de las demandadas, lo que justificó la aplicación de la sanción económica. Además, se tuvo en cuenta que las empresas ya han recuperado su situación financiera tras la crisis, por lo que no existían impedimentos para haber cumplido con sus obligaciones.
El caso no es aislado. De acuerdo a datos de la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) de Bahía Blanca, entre 2020 y 2021 se registraron al menos 155 denuncias contra Despegar por situaciones similares. Sin embargo, la mayoría de los afectados no avanzó en instancias judiciales.
Este fallo sienta un precedente relevante en materia de defensa del consumidor y reabre expectativas para quienes, en el contexto de la pandemia, no obtuvieron respuestas por parte de las empresas turísticas y dieron por perdidos sus ahorros.
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