Columna de Asuntos Jurídicos: Córdoba buscará cobrar a responsables por operativos de seguridad en escuelas tras hechos de violencia
En una nueva Columna de Asuntos Jurídicos, la abogada María José Pecchio (MP 5-792) abordó un tema muy reciente: Si ocurre un hecho grave en una escuela (amenazas, violencia, disturbios, etc.) y el Estado tiene que intervenir (policía, bomberos, etc.), después le puede cobrar esos gastos a los responsables.
Martes 28 de abril 2026 | 14:24 Hs.
El Ministerio de Seguridad de Córdoba oficializa un nuevo mecanismo para recuperar los gastos generados por intervenciones ante hechos de violencia, amenazas y conductas de riesgo en escuelas. A través de la Resolución N° 331, firmada por el ministro Juan Pablo Quinteros, se aprueba un protocolo que habilita al Estado provincial a reclamar el reintegro de los costos operativos a los responsables de estos episodios.
La medida surge ante la necesidad de establecer un procedimiento administrativo que permita identificar, cuantificar y posteriormente exigir el pago de los recursos públicos utilizados en este tipo de situaciones. Se considera que este tipo de hechos activa un importante despliegue estatal, que incluye personal policial, servicios de emergencia y medios logísticos, generando un impacto económico que hasta ahora era absorbido por el propio Estado.
En este marco, el nuevo protocolo apunta a dotar de mayor eficiencia, trazabilidad y previsibilidad a las acciones de recupero. Para ello, se dispone que las áreas de Seguridad, en conjunto con la Policía de la Provincia, sean las encargadas de determinar los costos de cada operativo en función de la magnitud de la intervención y los recursos utilizados.
A partir de esta implementación, se establece un mecanismo formal para avanzar en el reclamo de esos gastos a quienes resulten responsables de los hechos, incluyendo situaciones como amenazas de bomba u otros episodios que requieran la intervención de fuerzas de seguridad en ámbitos escolares.
De esta manera, la Provincia avanza en una política que busca no solo sancionar estas conductas, sino también trasladar el costo económico de las mismas a sus autores, en un intento por desalentar este tipo de acciones y proteger los recursos públicos.
La medida surge ante la necesidad de establecer un procedimiento administrativo que permita identificar, cuantificar y posteriormente exigir el pago de los recursos públicos utilizados en este tipo de situaciones. Se considera que este tipo de hechos activa un importante despliegue estatal, que incluye personal policial, servicios de emergencia y medios logísticos, generando un impacto económico que hasta ahora era absorbido por el propio Estado.
En este marco, el nuevo protocolo apunta a dotar de mayor eficiencia, trazabilidad y previsibilidad a las acciones de recupero. Para ello, se dispone que las áreas de Seguridad, en conjunto con la Policía de la Provincia, sean las encargadas de determinar los costos de cada operativo en función de la magnitud de la intervención y los recursos utilizados.
A partir de esta implementación, se establece un mecanismo formal para avanzar en el reclamo de esos gastos a quienes resulten responsables de los hechos, incluyendo situaciones como amenazas de bomba u otros episodios que requieran la intervención de fuerzas de seguridad en ámbitos escolares.
De esta manera, la Provincia avanza en una política que busca no solo sancionar estas conductas, sino también trasladar el costo económico de las mismas a sus autores, en un intento por desalentar este tipo de acciones y proteger los recursos públicos.
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